El Parlamento Europeo ha dado luz verde a la Directiva Stop-the-Clock, una medida que busca aliviar la carga regulatoria sobre las empresas al posponer la implementación de normativas clave en materia de sostenibilidad. El despacho de abogados Cuatrecasas ha llevado a cabo un análisis detallado sobre las implicaciones empresariales de esta reciente aprobación. Este informe desglosa el alcance de la directiva, que retrasa la entrada en vigor de dos importantes normativas europeas: la Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD) y la Directiva sobre Diligencia Debida en Sostenibilidad Corporativa (CS3D).
Según el análisis jurídico de Cuatrecasas, la Directiva Stop-the-Clock forma parte de la Propuesta Ómnibus I, una iniciativa de la Comisión Europea destinada a simplificar la normativa de sostenibilidad y reducir en un 25% las cargas administrativas que enfrentan las empresas, especialmente en lo que respecta a las obligaciones de información y notificación. Este esfuerzo responde al compromiso de la Comisión de aliviar la burocracia que, según el EU Competitiveness Compass presentado en enero, se ha convertido en un obstáculo para la competitividad en Europa.
El informe destaca que la aplicación de la CSRD se pospone dos años, otorgando a las empresas un margen adicional para adaptarse a los nuevos requisitos. En detalle, las grandes empresas que estaban obligadas a comenzar a reportar en 2026 lo harán en 2028, mientras que las pymes cotizadas verán su obligación trasladada del ejercicio 2027 al 2029. Este aplazamiento permite a las compañías disponer de más tiempo para preparar y ajustar sus sistemas de información y procesos internos a las exigencias de la normativa.
Paralelamente, el texto final aprobado de la CS3D retrasa el plazo de transposición hasta el 26 de julio de 2027, estableciendo su aplicación efectiva para las empresas más grandes en el 26 de julio de 2028. Este ajuste en los plazos busca proporcionar a las empresas mayor seguridad jurídica y tiempo suficiente para prepararse y adaptarse a las nuevas normas que continúan evolucionando, con el objetivo de evitar costes innecesarios.
Más seguridad jurídica y margen de adaptación
Es importante señalar que la entrada en vigor de esta medida aún depende de su aprobación formal por el Consejo. Una vez publicada en el Diario Oficial de la UE, los estados miembros tendrán hasta el 31 de diciembre de 2025 para transponerla a sus respectivas legislaciones nacionales. Este proceso garantiza que las empresas en toda la Unión Europea tengan un marco temporal claro para implementar los cambios necesarios y cumplir con las futuras obligaciones en materia de sostenibilidad.
Para una comprensión más profunda de las implicaciones de la Directiva Stop-the-Clock y su contexto dentro de las iniciativas de la UE para simplificar la regulación y reducir la carga administrativa, se recomienda consultar el análisis completo elaborado por Cuatrecasas. Este informe proporciona una visión detallada de cómo estas medidas afectan al panorama empresarial y ofrece orientación sobre los próximos pasos para las organizaciones que buscan cumplir con las normativas de sostenibilidad en evolución.
Puedes acceder al análisis completo en el siguiente enlace.