El gasto en pensiones amenaza con comerse un pedazo cada vez más grande del pastel de ingresos del Estado. Con esta advertencia se abrió la sesión AED Live dedicada a uno de los debates clave para el futuro económico del país. Organizada por la Asociación Española de Directivos (AED) y presentada por su director general, Xavier Gangonells, la sesión reunió a empresas y expertos para analizar las reformas necesarias que garanticen la sostenibilidad del sistema de pensiones.
El encuentro fue moderado por Adolfo Rovira, socio en Cuatrecasas, y contó también con la participación de Mercedes Ayuso, catedrática de Estadística Actuarial de la Universitat de Barcelona, quien subrayó que “la reforma de las pensiones es una tarea pendiente en casi todos los países avanzados, pero en España es urgente”. “Las pensiones públicas ya no se pagan solo con las cotizaciones de los trabajadores en activo; necesitamos más ingresos”, añadió Gregorio Gil de Rozas, Head of Retirement de WTW España, al poner cifras a un problema que crece al ritmo del envejecimiento poblacional.
Por su parte, Ayuso explicó que las reformas de pensiones están en marcha en prácticamente todos los países, con el objetivo de alcanzar el difícil equilibrio entre sostenibilidad y equidad. “Los ingresos deben igualar los gastos. Si no se equilibra esa ecuación presupuestaria, el sistema no es viable”, señaló. La catedrática abogó por reformas paramétricas — como el retraso de la edad de jubilación— pero también estructurales, que rediseñen el sistema de forma integral. “La equidad implica que cada persona reciba del sistema una prestación proporcional a lo cotizado, actualizada con criterios actuariales”, explicó.
Ayuso citó ejemplos como el de Canadá, donde los mecanismos de ajuste automático permiten revisar las condiciones del sistema sin estar sometidos a decisiones políticas. También apuntó la tendencia a utilizar indicadores compuestos de revalorización (no solo el IPC) para evitar subidas insostenibles. De no acometer reformas profundas, alertó, la tasa de sustitución podría caer del 70–80 % actual al 50–60 % en 2050.
Gil de Rozas destacó que “España llega tarde” al desarrollo de la previsión social complementaria, en comparación con países de nuestro entorno. Aunque hasta ahora la alta cobertura pública ha amortiguado esta carencia, “el sistema ya no se sostiene solo con cotizaciones: necesitamos más ingresos, y estos están llegando a través de transferencias del Estado”. En 2025, se prevé que estas transferencias alcancen los 50.000 millones de euros.
Según el cálculo del Instituto de Actuarios Españoles, el llamado “factor de equidad actuarial” ha pasado del 1,55 en 2020 al 1,62 en 2025, lo que indica que los jubilados reciben de media un 62 % más de lo que aportaron. Además, España apenas cuenta con un 11 % del PIB en activos destinados a pensiones, frente al 200 % de Dinamarca o el 141 % de Estados Unidos.
Ayuso señaló la edad de jubilación como “el parámetro estrella”, pero insistió en la necesidad de reformas más profundas que impulsen un segundo pilar robusto, con modelos flexibles como el sueco, donde el trabajador puede elegir la edad de retiro en función de su capital acumulado. En esta línea, Gil de Rozas destacó los avances en planes de pensiones sectoriales, como el de la construcción, que ya incluye a todas las empresas del sector. “El objetivo es que, en los próximos años, entre un 80 y un 90 % de la población activa tenga cobertura complementaria”, afirmó.
El futuro incierto de las pensiones presenta varios desafíos para las empresas, que deben adaptarse para mitigar riesgos y seguir atrayendo y reteniendo talento. Las empresas tienen la responsabilidad de desarrollar estrategias sólidas, comenzando por una planificación financiera que asegure la viabilidad a largo plazo del sistema de pensiones. En este sentido, ofrecer planes de pensiones complementarios se ha convertido en una herramienta clave para atraer y retener empleados en un mercado laboral altamente competitivo.
Además, las empresas deben analizar el impacto financiero de la reforma en los costes laborales, ya que las nuevas políticas de pensiones pueden alterar significativamente los gastos relacionados con el empleo. La comunicación transparente con los empleados sobre los cambios en el sistema de pensiones y las opciones disponibles también es crucial para generar confianza. Por último, las empresas deben explorar soluciones innovadoras, como programas de educación financiera, para ayudar a los empleados a prepararse para su jubilación y mejorar su capacidad de planificación a largo plazo.
Finalmente, los ponentes coincidieron en que los directivos tienen un papel fundamental en este cambio de modelo. Dado su nivel salarial y el impacto que tendrá la merma en sus pensiones públicas, deben liderar el impulso de esquemas de ahorro a largo plazo. “Los directivos son quienes más deben prepararse para una jubilación cada vez más longeva”, concluyó Gil de Rozas.
